Desde el triunfo de la Revolución Francesa, a fines del siglo
XVIII, la igualdad ha sido —junto con la libertad individual—
uno de los pilares fundamentales sobre los que se han edificado
los sistemas de derechos ciudadanos en la mayoría de países
occidentales. Esta noción inicial de igualdad ante la ley —entendida
como una garantía de los ciudadanos frente a la actuación vertical
del Estado en sus diversas facetas, sea legislando, administrando
o juzgando— ha evolucionado con la noción misma de Estado.