El objeto del derecho penal es posibilitar la convivencia pacífica de
la comunidad a través de la sanción de comportamientos que afectan
gravemente los bienes, los valores y los intereses más importantes para
la sociedad. Se legitima la intervención del derecho penal cuando se
lesiona o se pone en peligro bienes jurídicos. La libertad es un derecho
fundamental que posee toda persona, por tanto, solo podrá restringirse
legítimamente, es decir, solo se podrá encerrar a una persona en una
cárcel cuando sea absolutamente necesario para prevenir o para sancionar
un comportamiento reprochado. De esta consideración surge
siempre la interrogante de si el legislador, cada vez que echa mano del
derecho penal, realiza un uso adecuado del ius puniendi y, en los casos,
como el que convoca este libro, si con las medidas penales se logrará los
fines deseados: prevenir los comportamientos de agresión que suponen
el acoso y el chantaje sexual.
Abogado y maestro