El presente trabajo recoge los problemas de interpretación en los delitos contra la administración pública más recurrentes y las soluciones diversas que se han dado al respecto. Hay que reconocer la necesidad de una reforma del Código Penal de 1991, tantas veces modificado por el legislador, quien ha privilegiado la finalidad punitiva, en lo que se ha denominado correctamente “populismo legislativo”. Advertimos, por ejemplo, desproporción en las penas, tipos penales repetitivos, redacciones defectuosas y delitos que, por su irrelevancia, innecesariamente ocupan un espacio en nuestra legislación penal.