El control judicial de las actuaciones de la administración pública en el Perú ha transitado, al menos en la teoría, del control de legalidad de los actos administrativos, hacia un mecanismo de garantía de derechos fundamentales de los administrados.
El contencioso administrativo es el mecanismo por excelencia para la defensa de los derechos de los ciudadanos, y las pretensiones son el punto más neurálgico para poder reclamar la atención ante un acto arbitrario o lesivo.