ISBN 978-612-317-838-3

Reseña

La Constitución de 1993 continúa con la tendencia de la Carta de 1979, al acentuar el carácter presidencial de la forma de gobierno peruano. De esta manera ratifica la histórica y sociológica tradición presidencialista; pero incorporando a su vez instituciones parlamentaristas que han quedado a merced del presidencialismo. Esta realidad y concepción unidimensional del ejercicio del poder responde al estado de conciencia de la población, que pone en cuestión a las instituciones políticas —neutrales y objetivas—, prefiriendo instituciones altamente personalizadas. Ello es estimulado por las élites de los poderes políticos, económicos, mediáticos y militares, pues, desde la teoría de las élites, estas pueden ejercer más poder sobre el presidente que a través de los procesos electorales (De Vega, 1987, p. 81).
La necesidad de un gobierno fuerte, con capacidad para tomar decisiones y con liderazgo en su ejecución, es concebida, por lo general, como la aceptación inevitable de un régimen presidencialista que, a decir de Duverger, es el típico caso de las repúblicas latinoamericanas: «dictaduras civiles» (1984, p. 607). Sin embargo, el gobierno y la administración de los asuntos públicos en un régimen democrático constitucional que pretende resolver los graves problemas sociales, económicos, políticos o de seguridad que se presentan en el Perú demandan por parte del Poder Ejecutivo resolver dos cuestiones básicas para la gobernabilidad: una, realizar cambios importantes y reformas estructurales y, otra, mantener la paz, el orden y la seguridad de todos.