ISBN 978-612-49271-6-4

Reseña

La crisis social que ha azotado durante mucho tiempo a América Latina y el Caribe está pasando factura, con un efecto silencioso pero devastador en la educación. Las discusiones sobre la educación y su papel en las políticas de recuperación de la región son un tema central de América Latina y el Caribe. Si bien los niveles de prosperidad en la región han caído desde 2015, el progreso educativo se ha estancado y la pobreza ha aumentado levemente, la pandemia de covid-19 ha creado una grave crisis social para el 2023. A pesar del final de la pandemia, la región aún tiene que recuperarse de su impacto social y volver a los niveles previos a la pandemia de 2019, la región sigue sujeta a un entorno geopolítico y económico global volátil caracterizado por una serie de crisis posteriores, entre las que destaca el conflicto en Ucrania (CEPAL, 2022c y 2022g).
Además de la ralentización del crecimiento económico y la lenta creación de empleo de calidad, esta situación ha provocado una fuerte caída de la inversión y fuertes presiones inflacionarias, que han hecho subir los precios de los alimentos y la energía. Luego del crecimiento del PIB de la región de 6,5% en 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica un crecimiento de 3,2% en 2022 y solo 1,4% en 2023 (CEPAL, 2022h). La alta inflación, especialmente en la parte de alimentos de la curva de consumo, ha tenido un impacto particularmente negativo en el quintil de ingresos más bajos y en los grupos de ingresos medios más vulnerables.
El impacto de las emergencias climáticas y la frecuencia de los desastres son dos riesgos adicionales persistentes que se ven exacerbados por estos factores (CEPAL, 2021a). En tal ambiente, pueden surgir nuevas fallas en el desarrollo social de la región e inestabilidad en los ámbitos social, económico y político. Por ello, se debe proteger y garantizar el bienestar de las personas y el ejercicio de sus derechos mediante la consolidación de una política social incluyente. En particular, crea conciencia sobre la inseguridad alimentaria y nutricional causada por el aumento de los precios de los alimentos. La FAO y otras fuentes determinaron que 56,5 millones de personas en la región sufrieron hambre en 2021 (49,4 millones en América Latina y 7,2 millones en el Caribe). Se espera que los costos de los alimentos aumenten la desnutrición debido al aumento de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.
En particular, en 2020, el 21 % de la población de América Latina (117,3 millones de personas) y más del 50 % de la población del Caribe (13,9 millones de personas) no pueden pagar la atención médica, ni cumplir una alimentación adecuada según FAO et. al, (2022). Dado el grave impacto de la desnutrición en el desarrollo integral de los niños y jóvenes y la vulneración de sus derechos, se espera que la situación actual aumente estos números, afectándolos de manera desproporcionada. Según la CEPAL, la tasa de pobreza de menores de 18 años en América Latina alcanzará el 45,4 % en 2022, un 13,3 % más que la región en su conjunto. El 18% de las personas menores de 18 años que viven en hogares que no pueden pagar una canasta básica de alimentos son particularmente vulnerables a caer en la pobreza extrema porque es probable que vivan en estos hogares.
La región aún tiene una deuda pendiente que requiere atención inmediata: asegurar la protección social universal para todos y crear las condiciones para su pleno desarrollo como seres humanos. Esto evitará una mayor pérdida acumulativa de su bienestar con consecuencias a largo plazo. En este contexto, es imperativo prestar mucha atención a las necesidades inmediatas de la población al mismo tiempo que se promueve el desarrollo a largo plazo del potencial humano.
El Perfil Social de América Latina y el Caribe en este número presenta puntos importantes hacia este objetivo. Primero, la región no ha logrado volver al crecimiento ya que los efectos sociales de la pandemia no han disminuido ante la incertidumbre, la alta inflación, la expansión de la mano de obra informal y una recuperación del empleo tambaleante. reducción y desigualdad. También se destacó el impacto de la pandemia en el sector educativo. Esta crisis silenciosa ha exacerbado las desigualdades educativas existentes y es el resultado de una interrupción educativa de larga data en la región, como resultado de esta crisis, se encuentra en riesgo el desarrollo y bienestar de toda una generación de niñas, niños, jóvenes y adultos jóvenes, lo que también pone a los niños en riesgo de privaciones severas e inseguridad alimentaria.
La crisis también tiene un "efecto cicatrizante" que reduce las oportunidades de desarrollo en la región. Este impacto se refiere a los cambios esperados en las trayectorias educativas y profesionales de las generaciones afectadas por el cierre prolongado de escuelas y las consecuencias económicas de la pandemia, incluida la reducción de los ingresos, el estado socioemocional de las personas y las oportunidades de aprendizaje a corto plazo. A mediano plazo, se necesita una acción inmediata, con esto en mente, es imperativo comprometerse con la recuperación del proceso educativo y la transformación de la industria, así como una mayor inversión en el sector de la educación desde la primera infancia hasta el desarrollo en línea con la dirección cambiante del lugar de trabajo con igualdad.
En tercer lugar, la prolongada crisis social obliga a los países de la región a promover la creación de estados de bienestar, fortalecer los sistemas sociales, brindar garantías básicas de bienestar y resolver los problemas de desigualdad estructural. Para lograr un desarrollo social inclusivo es necesario tener en cuenta los desafíos de la sostenibilidad fiscal, lo que requiere discusiones sobre progresividad, planificación, voluntad política y criterios de amplio consenso.