El Derecho penal cubre los bienes jurídicos necesitados de tutela “punitiva” conforme al listado valores contemplados en el texto ius-fundamental. Así, se identifica un plano de la criminalidad que se gesta desde la estructura interna de la administración pública, protagonizado por funcionarios y servidores públicos que, en el ejercicio del cargo, afectan la institucionalidad sobre la cual deben desenvolverse los diversos servicios públicos, que se supone deben estar al servicio exclusivo de la sociedad. Somos conscientes de que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han asumido casi de manera unánime la teoría de la «infracción del deber»