ISBN 978-612-46482-9-8

Reseña

El Perú está inmerso actualmente en una nueva ola de impulso del financiamiento climático y del mercado de carbono. En esta línea, sus programas se encuentran en una etapa de pico alto sujetos al agronegocio verde dentro de un proceso constante con las mismas características y que lleva ya una década. El agronegocio verde refiere a la opción de monocultivos recubiertos de más promesas que realidades: se promete dinamizar la economía a través de “buenas prácticas sostenibles”, pero termina siendo un mito porque no hay evidencia de sus supuestos éxitos. Bajo ese enfoque, la deforestación, lejos de cesar, se ha incrementado.
Este paradójico proceso estatal de privatización del “carbono de la Amazonía peruana” en torno al programa de la reducción de emisiones de deforestación y degradación (REDD+) sigue imperturbable, a pesar del fracaso de sus promesas, metas y supuestos. Se incrementa el mercado de carbono, pero de manera paralela también hay mayor deforestación y calentamiento global, nacional y local. En este largo proceso, los pueblos indígenas afiliados a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han desarrollado intensas luchas, acciones e incidencia para reorientarlo, lo que les ha permitido obtener varios logros políticos y técnicos. Aun así, respecto del financiamiento climático el balance es ambiguo: si bien se mantienen vigentes las posibilidades de mejorar el acceso y la focalización, la puesta en práctica en el terreno es lenta y débil, y muestra marchas y contramarchas por diversos factores y la asimetría en la correlación de fuerzas sociales.
Los responsables de la ineficacia, la ineficiencia y la no sostenibilidad de la REDD+ son el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una parte de las ONG y empresas internacionales (además de algunas nacionales) que hegemonizan el financiamiento climático, la REDD+ y el mercado de carbono. La tendencia es a que esta situación se mantenga los próximos años e incluso se profundice por la crisis económica, social y estatal pospandemia, la cual acelera el extractivismo y la obsesión privatista proempresarial en la Amazonía, muy influyente en la dinámica estatal y del MINAM. Estas relaciones de poder incluyen el predominio y privilegio de intereses del agronegocio verde, así como el mercado de bonos de carbono, los cuales disputan el control territorial con los pueblos indígenas y, por tanto, imponen la postergación o marginación de la aplicación de los derechos colectivos indígenas, sobre todo los relativos a la solución de la deuda estatal histórica de la demanda territorial pendiente de 20 millones de hectáreas sustentada por la AIDESEP.