En la actualidad, el derecho penal fluye en medio de una serie de graves contradicciones que no han podido ser resueltas. Dos posiciones se contraponen de una manera casi irreconciliable hasta el límite de sus posibilidades: por un lado, un derecho de garantías que tiene como reducto principal los principios que están establecidos en la Constitución Política como máximo exponente en lo relacionado a los derechos que les asiste a todos los justiciables y; de otro, una sociedad que vive un complejo clima de inseguridad ciudadana que reclama airadamente mayores castigos y sanciones más severas para todos aquellos que infringen la ley.