Es patente el estado de inseguridad de nuestro territorio desde tiempo atrás y que ha puesto en jaque a las autoridades públicas encargadas de su combate y eficaz prevención. Así, permanentemente se ven amenazados los bienes jurídicos más preciados del ciudadano, esto es, la vida, el cuerpo y la salud. Los móviles y/o finalidades de estos facinerosos son de orden patrimonial, la obtención de un beneficio económico es lo que determina su proyección criminal. De esta manera, aparecen, en el escenario criminológico y legal, los delitos patrimoniales violentos, que cubren un sector importante de la delincuencia más grave que padece el Perú.