ISBN 978-612-4334-41-2

Reseña

En el ámbito del derecho en general, existen varios tipos de responsabilidad: i) responsabilidad política a través del juicio político (impechmet) en el ámbito parlamentario; ii) responsabilidad civil; iii) responsabilidad penal; y, responsabilidad administrativa.
En el ámbito de la responsabilidad administrativa, suele diferenciarse los siguientes tipos de responsabilidad: i) responsabilidad administrativa general (Estado participa como administrador); ii) responsabilidad administrativa funcional (Estado participa como fiscalizador, contralor o supervisor); y, iii) responsabilidad administrativa disciplinaria (Estado participa como empleador).
El presente trabajo aborda el tema de la responsabilidad administrativa disciplinaria, pero enfocado en cuanto a los principios rectores que lo rigen, y más específicamente, en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario (común) regulado actualmente por la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil) y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PC, y normas conexas.
En esta perspectiva, los temas desarrollados tratan básicamente de los principios que rigen la potestad disciplinaria en el marco del procedimiento administrativo disciplinario (PAD), y que, por mandato del art. 92 del Reglamento de la LSC, son aquellos principios enunciados actualmente en el art. 248 del TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado. En esta orientación, y, en el marco del art. 248 del TUO de la Ley N° 27444, se han abordado los siguientes principios contextualizados al procedimiento administrativo disciplinario, como son: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y no bis in ídem.

Del mismo modo, y con base en la parte in fine del art. 92 del Reglamento de la LSC, que admite la existencia de otros principios que rigen el poder punitivo del Estado, se ha desarrollado los siguientes principios: principio in dubio pro reo (in dubio pro infractor), principio de la analogía in bonam partem, principio de verdad material, principio de impulso de oficio, principio de autoridad competente, principio de la ley más favorable al infractor investigado en caso de duda o de conflicto entre leyes de carácter disciplinario, principio de no auto inculpación de responsabilidad disciplinaria del infractor y principio de la doble instancia.