La deriva constitucional iniciada el 2016, con un marcado asambleísmo
propio del emergente populismo iliberal, se ha consolidado en el último
lustro, desde que realizamos la tercera de la Constitución a raíz de las
reformas constitucionales aprobadas por referéndum popular en 2018.
En esa ocasión, con el rechazo a la creación de Senado, la reelección inmediata
de los congresistas, la exigencia de transparencia en el financiamiento
de los partidos políticos y la creación de la Junta Nacional de Justicia en
sustitución del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, las fuerzas
políticas democráticas plantaron un freno relativo a las fuerzas conservadoras.
Sin embargo, en las elecciones de 2021, el Poder Legislativo obtuvo
una mayoría populista, esta vez aunada con fuerzas autoritarias.