ISBN 978-612-5129-02-4

Reseña

Dentro de una agrupación social existe un conjunto de normas que regulan el funcionamiento y organización de la Autoridad Administrativa y las relaciones de los miembros que lo integran. Empero, qué sucede ¿Cuándo los integrantes de la sociedad no reconocen la vigencia de este conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado o su Autoridad? Ante este hecho, el Estado similar a una persona que cuenta con un sistema inmunológico, ha creado un sistema de norma que regula su defensa en protección de los intereses colectivos; en razón que la constante vulneración de los interés públicos y los bienes jurídicos tutelados se elevaría a regla, ello pondría en riesgo la vigencia del orden social y por ende de la sociedad que conocemos, es por esta razón que se ha creado la necesidad de imponer castigos a los transgresores, dando nacimiento de este modo a un derecho de penar como hace mención Carnevale, o incluso al "deber" de infligir castigos como refieren E. Mouton, que tiene el Estado. Al respecto nuestro actual Derecho Penal ha denominado a esta facultad el “derecho subjetivo punitivo”, o "potestad punitiva".
En este orden de ideas, se colige que la potestad sancionadora que disfruta el Estado, es proporcional a la gama de ilícitos; siendo a su vez los ilícitos una categoría general que abarca delitos, faltas e infracciones; sin embargo, sin perjuicio de la dogmática penal, el estudio de los demás ilícitos carecen de una clara justificación o Por lo expuesto, y adoptado la concepción univoca se desprende que el Derecho Penal Administrativo tiene su paternidad en el Derecho Penal, sin embargo, fueron los hechos sociales como la revolución francesa y el cambio de un Estado Social a uno Liberal, los que cuestionaron la premisa de un único derecho punitivo del Estado, hecho que lo obligaron a buscar la identidad del derecho sancionador no penal, siendo ello el momento de ruptura con el Derecho Penal y escudriñar con énfasis en el Derecho Administrativo su justificación dando origen de este modo al Derecho Administrativo Sancionador cuyo objetivo consiste en explicar la existencia de una potestad sancionadora de la Administración distinta a la penal y, además en dotar a su ejercicio de medios técnicos-jurídicos suficientes potenciando de acuerdo a las garantías de nuestro actual Estado.