En los últimos años, la Constitución de 1993 se ha caracterizado por espasmódicas reformas en función de las demandas coyunturales y de los consensos políticos parlamentarios logrados, sobre todo a partir de 2016. Reformas orientadas, unas, a modernizar el Estado de Derecho, mediante la prohibición de la reelección de los gobernadores regionales y alcaldes, en una suerte de lucha contra la corrupción descentralizada, y, otras, a incorporar el derecho fundamental al agua potable, facilitar la adquisición de la nacionalidad peruana, declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio del Estado, ampliar el plazo constitucional de la detención policial en caso de flagrancia delictiva a 48 horas y facultar a la Corte Suprema la posibilidad de demandar de inconstitucionalidad a las leyes.