ISBN 978-612-5140-08-1

Reseña

La construcción de carreteras y vías de comunicación tiene como finalidad la integración geográfica de nuestros pueblos, la cual siempre ha sido un reto debido al complejo relieve geográfico de nuestro país, ya sea en los Andes o en la Amazonía (Pacheco, 2024). A ello debemos sumar las complejidades ambientales y sociales en cada una de estas regiones. En ese sentido, se impulsan grandes proyectos viales, que, idealmente, buscan aportar a la competitividad y crecimiento económico.

Por eso, es muy importante que ante el impulso de este tipo de proyectos tengamos en cuenta los enfoques de sostenibilidad e interculturalidad, de cara al diseño e implementación de iniciativas que beneficien a nuestro país y su población. Mucho más si vivimos un acelerado avance del cambio climático, el cual genera constantes impactos y emergencias ambientales que afectan principalmente a los pueblos en situación de vulnerabilidad.

Debemos tomar nota que diversos proyectos de infraestructura para el transporte se pueden convertir en una fuente potencial de conflictos (CEPAL, 2018). Esto debido a que generalmente los planes, programas o políticas que los determinan no se armonizan con las necesidades y expectativas de las poblaciones locales. O con mayor precisión, con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por estas razones, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoció a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa, entre otros derechos. Este Convenio obliga a los Estados a consultarles cuando una medida afecte sus derechos colectivos; por ejemplo, construir infraestructura vial en sus territorios.

En este marco, mediante el presente documento se busca ahondar en la aplicación del derecho a la consulta en este tipo de proyectos, poniendo énfasis en la importancia de identificar la medida a consultar y el momento oportuno, con el objetivo de garantizar derechos y asegurar la inclusión de propuestas y alternativas de los pueblos indígenas.