Vivimos en una era donde la tecnología permea cada rincón de nuestra existencia, modificando desde nuestras interacciones personales hasta los más complejos sistemas de justicia. En este contexto, la prueba digital ha emergido como un componente esencial en la lucha contra la delincuencia. Los cibercriminales han encontrado en el ciberespacio un campo fértil para operar con impunidad, dejando rastros digitales que, cuando son adecuadamente recogidos y preservados, pueden ser la clave para resolver casos judiciales complejos. Sin embargo, la volatilidad, manipulabilidad y fragilidad de esta evidencia plantean grandes retos a los sistemas legales en todo el mundo. El Perú no es ajeno a esta realidad, y en este escenario, el tratamiento de la prueba digital dentro de nuestro ordenamiento procesal penal ha cobrado una importancia vital.