ISBN 978-612-4396-68-7

Reseña

Disolver la ciudad se origina de una tesis con la cual el autor, Renato Arteaga Arteaga, arquitecto de profesión, optó por una maestría en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y entra en el debate constitucional, no ya desde la óptica legal, sino desde la visión de un ciudadano que alerta sobre la disolución de la ciudad a corto plazo, sobre no ponerse las cortapisas adecuadas y cambiar la normatividad en materia de planificación urbana.
Arteaga detalla cómo las sucesivas olas de normas y leyes que se dieron en la planificación urbana, luego de la promulgación de la Constitución de 1993, fueron las causantes para la casi “disolución de la ciudad”; de ahí el título de su libro, en el cual tomó la palabra “disolver” que fue pronunciada aquel lamentable 5 de abril por el gobernante que purgó sentencia en una cárcel por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que la frase “¡a disolver la ciudad!” es la figura que el autor presenta sobre cómo Ica, como organización espacial de determinada sociedad con normas y reglas, llega a ser casi disuelta, destruida por el cargamontón legislativo y el marco normativo de la política habitacional en el Perú tras el cambio del contrato social que es la ley de leyes, es decir, la Carta Magna, en 1993, que devela sus efectos en el proceso de fragmentación urbana.
Una de las causas para que ciudades como Ica estén en situación crítica, en términos de planificación urbana, es la imposición vertical de la doctrina liberal, cuya esencia es propugnar la mínima intervención estatal en cuestiones económicas de las naciones y pueblos, lo que afecta lo relacionado con los medios de planificación central. Como bien precisa el autor, la imposición de este modelo en los países latinoamericanos ha estado en función de las diversas coyunturas políticas; para el caso peruano, estos principios se han consolidado desde el cambio de Constitución en la década de los años noventa y especialmente a partir de toda la legislación relacionada con el hábitat promulgada a partir de esa fecha.
Arteaga adelanta que algunos rasgos de estas modificaciones tienen que ver con la reducción del control urbano, la flexibilización del cambio de suelo, la eliminación de límites urbanos, la reducción del accionar del gobierno local y, lo más resaltante, la activa y entusiasta participación del actor privado en asuntos de la ciudad. Estas modificaciones han afectado la planificación integral y, a tres décadas de su implementación, es muy claro observar la huella que han dejado en el territorio.
El autor considera que tales modificaciones normativas en el ámbito de las políticas de vivienda han incrementado notoriamente el proceso de fragmentación urbana, con lo cual se ha afectado la concepción integral de ciudad contribuyendo a perpetuar el desequilibrado desarrollo territorial de las ciudades intermedias peruanas.