A lo largo de nuestra historia, la corrupción ha estado presente en diversos ámbitos de nuestro país, escándalos en los cuales incluso se han visto inmersos altos funcionarios públicos, conllevando a que se realicen investigaciones sumamente complejas que demandan muchos años. La gran mayoría de dichas investigaciones se dan en el marco del delito de colusión, proscrito en el artículo 384 del Código Penal peruano, el cual contempla la colusión simple y la colusión agravada.
Al revisar la evolución histórica del delito de colusión, podemos advertir que ha sido objeto de muchas modificaciones legislativas en el transcurso del tiempo. Sin embargo, pese a ello, aun presenta deficiencias respecto a su alcance, siendo una de ellas precisamente la identificación del bien jurídico protegido.
La presente obra arroja como resultado una propuesta que permitirá brindar mayores luces respecto de lo que protege el delito de colusión para, en base a ello, establecer cierta delimitación entre aquellas conductas pasibles de sanción por el derecho administrativo sancionador y por el derecho penal, estando a que este último debe abarcar únicamente las conductas penalmente relevantes que vulneran gravemente el bien jurídico protegido, es decir, operando como ultima ratio.