ISBN 978-612-45281-2-5

Reseña

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) entiende a la seguridad ciudadana como el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer y proteger el orden civil y democrático, mediante la prevención y eliminación de las amenazas de violencia y criminalidad que puedan afectar a la población. Con su existencia, se garantiza una convivencia segura y pacífica en la sociedad. Justamente, una de las mayores necesidades y demandas de la población en Perú es la seguridad ciudadana; por lo tanto, debe ser un eje prioritario de los gobiernos nacionales.
De acuerdo con Castagnola Sánchez (2021), Latinoamérica ha experimentado durante los últimos años el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la ejecución de intentos para consolidar su democracia. Sin embargo, la inseguridad ciudadana también ha aumentado, especialmente en términos de violencia y homicidios; por lo que la percepción de inseguridad es otro indicador que incrementó notoriamente.
En un estudio para la Universidad Autónoma de México, Hernández Bringas (2022) afirma que la mayor cantidad de homicidios intencionales del mundo se registra en América Latina y el Caribe. Este análisis se basa en las cifras de asesinatos tanto en términos absolutos como en proporción con la población. El mencionado estudio analizó la correlación de diversas variables que explican la violencia. Se encontró que los factores más significativos que elevan estos índices en la región son el porcentaje de personas en situación de pobreza, el nivel de desigualdad, el crecimiento de la población en áreas urbanas, y el poco acceso a la educación básica y superior.
En cierta medida, estos fenómenos, que también se presentan en la sociedad peruana, explican la alta tasa de inseguridad en las áreas urbanas. En consecuencia, la población civil se encuentra obligada a adoptar medidas precautorias y, en ocasiones, a evitar ciertas actividades diarias, a fin de minimizar su exposición a la delincuencia. Esta situación es preocupante, debido a que evidencia la deficiencia política y social para afrontar esta problemática.
Como se puede advertir, la seguridad ciudadana es un eje central para el desarrollo y progreso del país, en tanto esta repercute de manera directa en el ámbito económico y social. Impulsar y respaldar la seguridad ciudadana equivale a invertir en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que la formulación y ejecución de acciones concretas para responder a la inseguridad en el Perú se constituye en una necesidad.
Frente a este escenario el Gobierno de la República del Perú, en coordinación y articulación con entidades y sectores, ha implementado políticas y medidas que buscan dar una respuesta eficiente en beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, pese al compromiso del Gobierno, los resultados no se darán de inmediato, debido al incremento acelerado de la inseguridad. Cabe destacar, además, que la situación política del país agrava el problema de inseguridad, al debilitar a las instituciones del Estado y ralentizar la ejecución de sus funciones y políticas destinadas a combatir este asunto público.
Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, sentimos la necesidad de expresar algunas recomendaciones sobre la materia. Comprendemos y sostenemos que la lucha contra la inseguridad ciudadana, en todas sus formas, es una responsabilidad nacional que involucra el esfuerzo y apoyo del Estado, así como de los diferentes sectores de la sociedad.
El siguiente informe se estructurará en seis capítulos para analizar la situación actual de la seguridad ciudadana en el país, con el objetivo de proponer sugerencias y posibles soluciones. En el primer capítulo, se expondrá la situación actual de la inseguridad ciudadana en el país. Seguidamente, en el segundo capítulo, se abordarán las políticas, planes y programas relacionados con la seguridad ciudadana.
En el tercer capítulo, se examinará el crimen organizado y su impacto en la economía; se desarrollará, de manera breve, los problemas que enfrenta el país en áreas como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y el ciberdelito, delitos que contribuyen al aumento de la inseguridad ciudadana en el país. Como cuarto capítulo, se menciona cuáles son los avances y desafíos en la implementación de las unidades de flagrancia.
El quinto capítulo describe las iniciativas y experiencias, tanto de prevención como de sanción, que han tenido éxito en otros países de la región para combatir la inseguridad ciudadana. Finalmente, en el sexto capítulo, se presentan las propuestas elaboradas por esta Comisión y se sugieren soluciones a los problemas relacionados con la seguridad ciudadana identificados a lo largo de los capítulos de este informe.
Con el presente trabajo, la Cámara de Comercio de Lima reafirma su compromiso de trabajar articulada y conjuntamente para proponer medidas y ejecutar acciones destinadas a resolver el problema de la inseguridad ciudadana a nivel nacional.