Una transición energética justa no puede centrarse únicamente en un cambio de matriz energética. También debe abordar con seriedad la gestión adecuada de la terminación de las actividades de hidrocarburos y evitar la generación de nuevos pasivos ambientales. Para ello, se requiere un marco regulatorio sólido que establezca obligaciones claras, propicie la atención efectiva de los impactos ambientales y sociales y, sobre todo, garantice la existencia de mecanismos financieros efectivos que cubran los costos que ello implica.