Esta obra enfrenta un problema central del derecho procesal penal, como el de la carga de la prueba, desde una perspectiva novedosa, el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese contexto, el autor fija posición respecto al carácter penal de la responsabilidad de las personas jurídicas previsto en la Ley N.° 30424, y cómo es que el compliance y la debida diligencia empresarial se integran al objeto del proceso penal. A partir de dichas premisas, el autor plantea mantener una visión de la carga de la prueba construida en términos constitucionales y arraigada en el principio de presunción de inocencia, recusando así las pretensiones de redistribuir la carga de la prueba y asignar la carga de la implementación de los modelos de prevención sobre la persona jurídica imputada.