La presente Guía tiene como objetivo principal proporcionar un análisis jurídico exhaustivo, riguroso y práctico sobre esta modalidad de fraude inmobiliario en el Perú.
Busca constituirse en una valiosa herramienta jurídica, para legisladores, operadores de justicia, funcionarios municipales, profesionales del Derecho, y, fundamentalmente, para el ciudadano, con el fin de comprender, prevenir y combatir esta lacra social.
La orientación de la Guía es eminentemente jurídica, con un énfasis especial en la protección del consumidor, sin descuidar las aristas urbanísticas, administrativas, civiles, penales, notariales y registrales que convergen en esta problemática.
Para alcanzar este objetivo, la Guía se estructura en cuatro partes fundamentales:
● Parte I: El Camino Legal de la Habilitación Urbana: Detalla el procedimiento legal correcto y completo que debe seguirse para transformar un predio rústico en lotes urbanos residenciales, estableciendo el estándar de legalidad que los estafadores prefieren recurrir a la ignorancia deliberada.
● Parte II: El Escudo del Comprador: Ofrece una guía práctica de debida diligencia y medidas preventivas que todo potencial comprador debe adoptar antes de adquirir un terreno, con un análisis crítico de los instrumentos contractuales utilizados en el fraude.
● Parte III: Acciones y Remedios Legales para las Víctimas: Explora y compara las diferentes vías legales —administrativa (INDECOPI), civil y penal— que tienen a su disposición las personas que ya han sido víctimas de esta estafa, para buscar la restitución de su dinero y la sanción de los responsables.
● Parte IV: Hacia una Solución Integral: Analiza las responsabilidades institucionales de las entidades involucradas (municipalidades, notarías, SUNARP) y propone una serie de recomendaciones de política pública para abordar las causas estructurales del problema y fortalecer los mecanismos de prevención y control.
A través de este análisis integral, se pretende no solo describir la patología del fraude, sino también articular las herramientas legales y las políticas públicas necesarias para erradicarla y proteger eficazmente a los ciudadanos más vulnerables del país.