En los últimos años, el derecho de familia ha ocupado un lugar central en la agenda jurídica y social del país. Las demandas de alimentos, en particular, representan una de las materias más sensibles y recurrentes dentro del sistema judicial peruano. Sin embargo, detrás de cada proceso alimentario no solo se debate una cifra o una obligación legal: se revelan relaciones de poder, desigualdades estructurales y, con demasiada frecuencia, una profunda ausencia de perspectiva de género en la administración de justicia.