Estas lecciones de teoría del delito se enmarcan en el contexto del Estado democrático constitucional que reconoce la Constitución de 1993. Sobre esa base, una teoría de la imputación de las conductas penalmente relevantes y de la atribución de responsabilidad por dichas conductas, funcionalizadas sobre bases constitucionales —principios, derechos y mandatos— permiten enfrentar con criterios de justicia los problemas diversos, y no pocas veces insólitos, que presenta la realidad social peruana, profundamente desigual, excluyente y caracterizada por el ejercicio abusivo del poder público y privado.