Al trasladar este análisis al contexto peruano, surgen múltiples manifestaciones de esta problemática. Una de las más evidentes es la distorsión de los plazos procesales. Las diligencias preliminares, concebidas para actuaciones urgentes, pueden extenderse por periodos prolongados, mientras que la investigación preparatoria, junto con sus prórrogas, alcanza duraciones que resultan incompatibles con el principio de transitoriedad - plazo razonable. Esta situación no sólo afecta la eficiencia del sistema, sino que coloca al imputado en una condición de incertidumbre prolongada, configurando lo que doctrinalmente se ha denominado “pena de banquillo”.