En el marco del Estado constitucional de derecho, el principio de igualdad constituye uno de los pilares fundamentales para la organización jurídica y política de las sociedades democráticas. Lejos de reducirse a una proclamación formal, dicho principio exige una implementación efectiva que garantice a todas las personas el goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de equidad, sin distinciones arbitrarias ni tratos desiguales injustificados. Sin embargo, en el contexto peruano, la persistencia de desigualdades estructurales, históricas y normativas plantea serios desafíos a la realización sustantiva de este mandato constitucional.