la vida trasciende hacia el mundo de los valores y, en tal sentido, se normativiza como derecho fundamental, al igual que la libertad y la propiedad. En ese orden de ideas, como todo derecho individual, el Estado está obligado a protegerla frente a cualquier intento de restricción injustificada. Es ante los ataques más graves contra la vida humana independiente que el ordenamiento jurídico-penal debe intervenir en su rol preventivo y sancionador. Sobre este bien jurídico se erige la sanción a su lesión mediante el tipo penal de homicidio, cuya configuración se analiza en este libro a partir de la dogmática y la jurisprudencia consolidada.