ISBN 978-612-49052-6-1

Reseña

El sector minero es importante para el desarrollo económico y social de muchos países, y los minerales continúan siendo esenciales para la vida moderna. Durante años se ha enfatizado la importancia de la minería en varios países desde el punto de vista económico; pero en la coyuntura actual, los aspectos socioambientales están cobrando tanta fuerza que, de no ser atendidos adecuadamente, se acumularán conflictos en el desarrollo del sector minero y en las economías de los países de América Latina y el Caribe (ALC). Por lo tanto, es fundamental reexaminar la prevalencia de la minería en la región, cómo los países han abordado los aspectos socioambientales de la minería en sus planes nacionales de desarrollo y los conflictos socioambientales vinculados y sus efectos económicos expresados ​en términos monetarios.
En el contexto regional, las condiciones geológicas de ALC favorecieron la formación de diversos recursos minerales con reservas significativas, dando como resultado en una explotación continua de las reservas de materia prima, necesarias para el desarrollo de la infraestructura vial, vivienda y la industria local. Por lo tanto, la explotación a gran escala de minerales como el cobre, el oro, el carbón y el níquel comercializados en los mercados internacionales atraen la inversión extranjera, generan regalías, impuestos y empleos para impulsar la economía en la región.
Para la CEPAL, la minería en ALC es una actividad que incide en la economía de la región y es un importante motor económico para comunidades por su gran aportación al Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, su explotación debe prestar especial atención al impacto ambiental y a la identificación de los posibles conflictos que se presenten en las regiones mineras. Puesto que los conflictos ambientales y sociales logran afectar en gran medida el desarrollo de la minería, influyendo en las inversiones que se puedan hacer en este sector, el inicio de proyectos e incluso provocar la suspensión de proyectos importantes para la extracción de oro, carbón y cobre. Actualmente, el peso de los conflictos socioambientales influye más que nunca en los procesos de desarrollo y transformación de ALC en las agendas internacionales.
En este particular, se debe hacer notar que los aspectos ambientales han sido tratados separadamente de los aspectos sociales, no obstante, es importante considerar que son parte de una relación de reciprocidad, por lo tanto, lo ambiental y lo social debe ser abordada en conjunto. Es por ello, que este tipo de conflictos tiene que existir la racionalidad, donde sociedad y medio ambiente funcionen como un todo. En general, los conflictos socioambientales en nuestra sociedad han sido recurrentes y ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia, hasta el punto de considerarlos una actividad que contamina los recursos hídricos y provoca emisiones a la atmósfera de productos tóxicos y nocivos para la salud.
Según la CEPAL, la minería es uno de los sectores que más atrae inversión extranjera directa a los países de ALC y también es una de las actividades con mayor impacto ambiental, produciendo cinco veces más emisiones de gases de efecto invernadero por dólar de producción, que otros sectores económicos. Los costos ambientales y sociales pueden tener enormes impactos en el suelo, el agua, el aire y los ecosistemas, y tratar de corregir estos problemas derivados de explotación minera podría ser más costoso que los beneficios económicos obtenidos.
Por otro lado, la falta de compromiso de la grandes empresas mineras hace que las comunidades pierdan confianza en la sustentabilidad de este tipo de industrias. Según la OCMAL, las comunidades no confían en los mineros y en el gobierno, ya que conocen sobradamente la falta de regulaciones, para la prevención de desastres ecológicos en los procesos de extracción. En este sentido, los actores pueden utilizar diferentes lenguajes para la evaluación, que van desde la compensación económica correspondiente por el daño ambiental provocada a reservas forestales, la vulneración de los derechos humanos o colectivos de los pueblos indígenas, o exigiendo valores ecológicos que en realidad no se pueden expresar en dinero.
Al enfocar la minería desde lo económico, se tiene que, para Perú en el 2017, el sector minero representó el 9,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país. Sus beneficios en el país se reflejan en su participación en las exportaciones y la recaudación de impuestos. De hecho, los ingresos generados por la minería han representado un promedio del 60 por ciento de las exportaciones de Perú en los últimos 10 años. Del mismo modo, entre 2011 y 2016, las transferencias de recursos mineros a los gobiernos regionales alcanzaron la cifra de 24.470 millones de dólares, tres veces el presupuesto nacional de infraestructura y de transporte en 2017.
La minería, por su parte, genera 63.217 empleos directos y 122.769 indirectos. Del mismo modo, las grandes empresas de la industria invierten mucho en innovación e investigación en comparación con otras industrias. Esto se debe a la importante concentración de inversión extranjera directa en la región. Al mismo tiempo, existe una falta de oferta tecnológica e innovadora en las medianas y pequeñas empresas y centros académicos. De hecho, no existen centros de investigación que promuevan el desarrollo de propuestas tecnológicas aplicables, de calidad, que participen en la cadena de valor minera o que permitan la prevención y resolución de los pasivos ambientales de la minería. Este potencial desaprovechado de la minería se explica por la falta de prioridad de las políticas necesarias, la falta de mediación entre los actores involucrados en su implementación, y la falta de lineamientos y normas que las sustenten.
Se puede decir que existe una relación de amor-odio con la minería. La larga tradición minera de Perú y de los demás países mineros de ALC, y el aporte a la producción de divisas necesarias para mantener el equilibrio macroeconómico hacen que diversos grupos sociales valoren y consideren a este sector como el motor del crecimiento económico no solo de Perú, sino también de toda la región. Los cambios en la legislación minera en la década de 1990, por ejemplo, reflejan este punto de vista, que generalmente comparten los residentes urbanos, en su mayoría de Lima y otros residentes costeros; quienes son los principales receptores de los ingresos mineros a través de la prestación de servicios.
En este contexto, el creciente descontento de los pobladores cercanos a los centros mineros es difícilmente comprensible: si la minería es tan útil, ¿cómo puede resistirse a la actividad económica que genera crecimiento económico? ¿Por qué sus habitantes no aprecian los avances sociales aportados por las empresas mineras? Quizás la respuesta sea simplemente: incluso con la explotación minera todavía son muy pobres. El estado continúa excluyéndolos de la ciudadanía, su nivel de vida continua muy por debajo de las expectativas creadas; y en la actualidad muchas comunidades deben competir con las empresas mineras por el uso o conservación de los recursos naturales como el agua y la tierra.
La situación actual, donde el odio inclina la balanza a su favor, también está relacionada con la visión simplista de la minería en el Perú: la vemos como una fuente de desarrollo, pero olvidamos que ningún desarrollo es automático. Es necesario diseñar e implementar políticas que promuevan la diversificación económica con proyectos socio-productivas de las zonas mineras. El estado también debe hacer inversiones adicionales que aumenten el impacto de los cánones y regalías.
Sin embargo, también olvidamos que para formular e implementar una política se debe tener un conocimiento sólido del tema. Manejamos con destreza muchos aspectos sobre la minería, pero aún existen grandes lagunas sobre cómo funciona y desarrollarla de una forma sustentable y respetando el medioambiente. Un claro y significativo ejemplo de esto, es cuando se produce un cambio en las políticas de regalías, afectándose la rentabilidad de una industria y, por lo tanto, la productividad en todo el mundo.
Pero ¿son las regalías las únicas variables que afectan la rentabilidad y la competitividad del sector minería? ¿No socava eso la innovación tecnológica que realmente revivió la industria del cobre estadounidense en las décadas de 1970 y 1980? En relación con el desarrollo, seguimos lidiando con teorías nacidas en la primera mitad del siglo pasado. Suponemos que los eslabones propuestos por Hirschman (1958) se generan automáticamente, o que la gran aceleración propuesta por Rosenstein-Rodan (1961) ocurre con grandes inversiones mineras. No obstante¿no sería necesario actualizar estas estrategias de desarrollo?
Por otro lado, creemos que el desarrollo nacional se convierte inmediatamente en desarrollo regional y local. Pero ¿ha desarrollado Perú alguna vez una política para atraer inversión local que promueva la creación de empleo? En cuanto a los conflictos, seguimos esperando a que surjan y solo entonces actuaremos en consecuencia. Todavía no hemos creado las herramientas para abordar las causas más visibles de esto, como la valoración de la tierra en los procesos de venta o las evaluaciones del impacto ambiental, que nos permitirían llegar a acuerdos de compensación más adecuados. lo que sabemos y no sabemos sobre minería para identificar una agenda de investigación que nos permita diseñar políticas que ayuden a promover el desarrollo nacional, regional y local. Se trata de no caer en la trampa fácil y fatal de la sola extracción de los recursos.
Sin lugar a duda, América Latina es una de las regiones más importantes para el desarrollo de la industria minera, tanto por sus recursos naturales como por las amplias inversiones extranjeras en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Cada país cuenta con leyes fiscales, ambientales y sociales que comparten puntos comunes de flexibilidad para promover y apoyar proyectos activos.
Esto ha creado vacíos legales y posibles efectos negativos en varias dimensiones, porque las empresas operan en base a las libertades que se les ofrecen y el objetivo principal es aumentar las ganancias económicas, por lo que aumentan su productividad, aunque afecte a la población, al medio ambiente o los ingresos del país anfitrión. Muchos factores indican que el extractivismo minero es una de las actividades productivas más destructivas a nivel ecológico, con importantes riesgos para la salud tanto de los trabajadores como para los pobladores cercanos a las áreas de desarrollo del proyecto.
Sin lugar a duda, en el 2020, la pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente la economía del Perú y de otros países de la región y del mundo. Una estricta cuarentena impuesta en la segunda quincena de marzo para proteger la salud de la población frente a una amenaza poco conocida provocó una caída en los indicadores económicos de la mina, paralizando sus operaciones hasta mayo de 2020, cuando comenzó. su reactivación paulatina en tres etapas.
En esta difícil coyuntura, el sector minero de Perú se destaca como un importante motor de crecimiento, especialmente en tiempos de crisis, y desde el segundo semestre de 2020 muestra claros signos de recuperación y avances significativos tanto en los niveles de producción como en la inversión y empleo. Actualmente, el desafío para la industria es garantizar la continuidad de la investigación, uso, recuperación, almacenamiento y transporte; y promover la construcción de nuevos proyectos mineros; para asegurar la continuidad de la minería en el crecimiento y desarrollo de los países de Latinoamérica y muy especialmente de Perú.