En el país los problemas estructurales no se resuelven y las obras con frecuencia no se terminan. Las décadas pasan y los gobiernos cambian pero las brechas sociales y la falta de servicios básicos y de infraestructura social y productiva subsisten. Nunca se hizo esto más evidente que durante la pandemia del Covid-19.
La gestión del gasto público en obras es uno de los más grandes retos que enfren-taremos al llegar el Bicentenario. ¿Estará el gobierno electo a la altura del reto?
A lo largo del tiempo se han creado o reorganizado instituciones y entidades responsables de la provisión de infraestructura de servicios públicos, y se ha dictado cantidad de normas específicas, leyes marco y textos únicos ordena-dos, que no han dado el resultado esperado. Si los problemas de gestión no han logrado ser resueltos con instituciones ad-hoc o con nueva normativa, ¿qué hacer entonces?
¿Surtiría efecto introducir artículos declarativos en la Constitución garantizando acceso al agua, salud y educación para todos los peruanos, si la gestión pública no funciona? ¿Tendría impacto asignar más presupuesto a esos sectores si, año tras año, se deja de gastar un tercio del presupuesto disponible?
¿Cómo prevenir la corrupción en obras e impulsar los proyectos con una gestión transparente del gasto? ¿Cuál debe ser el rol del control para evitar y solucionar los entrampamientos, en vez de generar temor y parálisis?
Con solo voluntad política y medidas que crean vías rápidas o exoneran de trámites o requisitos a algunos proyectos escogidos, no se ha logrado superar la incapacidad generalizada de gasto ¿cómo se podría entonces atacar las causas de los problemas para solucionarlos pronto, superar los cuellos de botella y lograr que todos los proyectos, de cualquier tamaño, fluyan y lleguen a buen término?
En el documento del IIG se analiza la raíz de los problemas detectados, se propone políticas que conduzcan a un drástico cambio para superarlos, y se responden las interrogantes planteadas.